INSEGURIDAD EN LA PRIMERA LINEA: LA PREOCUPANTE DE PROTECCIÓN DEL SERENAZGO EN 5 PROVINCIAS CAJAMARQUINAS

Inseguridad en la primera línea: la preocupante desprotección del serenazgo en 5 PROVINCIAS CAJAMARQUINAS

En el 2025, mientras la delincuencia sigue desafiando la tranquilidad de las calles y los ciudadanos claman por mayor seguridad, un informe reciente de la Contraloría General de la República destapa una realidad que no puede ignorarse: el servicio de serenazgo en cinco municipalidades provinciales de Cajamarca —Cajamarca, Celendín, Jaén, Cutervo y Cajabamba— está sumido en una crisis profunda. Esta crisis no nace de la falta de esfuerzo o valentía de los agentes, sino de una desidia institucional que raya en la negligencia, al privarlos de las herramientas más básicas para cumplir con su trabajo.

La situación es alarmante. Cámaras de vigilancia inoperativas, planos de seguridad inexistentes o desactualizados, equipos de protección personal ausentes y vehículos en condiciones deplorables son solo algunos de los síntomas de un sistema que no solo falla en su eficiencia, sino que incurre en una irresponsabilidad que pone vidas en riesgo. ¿Cómo puede un sereno enfrentar situaciones de peligro sin un chaleco antibalas, una radio funcional o una motocicleta operativa? ¿Cómo se puede hablar de seguridad ciudadana cuando las municipalidades no garantizan ni siquiera el mantenimiento de las herramientas esenciales para la vigilancia? Estas no son preguntas retóricas, sino un llamado urgente a la reflexión y la acción.

El panorama en Cajamarca es el reflejo de una cadena de omisiones que comienza con la falta de planificación estratégica y termina en la precariedad operativa. En Cutervo, aunque existe un plan de mantenimiento, las motocicletas están deterioradas y las cámaras no funcionan. En Cajabamba, la ausencia de un centro de videovigilancia es un vacío inadmisible. En Jaén, el incumplimiento de normas técnicas agrava la crisis. Y en Celendín, la falta de equipos funcionales y de una estrategia clara completa un cuadro desolador. Cajamarca, la capital provincial, no escapa a esta realidad: la descoordinación y el abandono de infraestructura crítica son una constante.

Esta situación no es solo un problema técnico; es una traición a la confianza ciudadana. La seguridad no puede seguir siendo un eslogan de campaña electoral ni un rubro secundario en los presupuestos municipales. Es un pilar fundamental del contrato social, un derecho inalienable que el Estado está obligado a garantizar. Cuando las autoridades eluden esta responsabilidad, no solo exponen a la población a la delincuencia, sino que también abandonan a los serenazgos, quienes, a pesar de las carencias, se enfrentan diariamente a los riesgos en primera línea.

La Contraloría ha cumplido su rol: ha investigado, alertado y puesto los hechos sobre la mesa. Ahora, la pelota está en la cancha de los alcaldes y las autoridades provinciales. Es imperativo que actúen con transparencia, compromiso y celeridad. No basta con promesas vagas o soluciones parche; se necesitan planos concretos, presupuestos bien ejecutados y una rendición de cuentas que devuelva la confianza a la ciudadanía. La reparación de equipos, la instalación de cámaras funcionales, la dotación de equipamiento adecuado y la elaboración de estrategias integrales de seguridad no son opciones: son obligaciones.

Pero la responsabilidad no recae solo en las autoridades. La ciudadanía también debe alzar la voz, exigir resultados y mantenerse vigilante. La indiferencia o la resignación ante la inseguridad son lujos que Cajamarca no puede permitirse. Cada robo, cada acto de violencia, cada noche de temor es un recordatorio de que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho que debe defenderse con determinación.

En un contexto donde la delincuencia no da tregua, el abandono del serenazgo no es solo una falla administrativa; es un síntoma de una sociedad que aún no ha aprendido a priorizar lo esencial. Cajamarca merece más que discursos vacíos y excusas. Merece calles seguras, agentes protegidos y autoridades que estén a la altura del desafío. Porque la seguridad no es negociable, y el tiempo de actuar es ahora.

Por: José Matta Guerrero 

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