LA CARRETERA DE LA CORRUPCIÓN: UN PERJUICIO NACIONAL QUE PERSISTE EN LA IMPUNIDAD

LA CARRETERA DE LA CORRUPCIÓN: UN PERJUICIO NACIONAL QUE PERSISTE EN LA IMPUNIDAD

El informe de la Contraloría General de la República, emitido en febrero de 2022, sigue siendo un golpe demoledor a la conciencia colectiva del Perú: reveló irregularidades graves en la concesión del Tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra, generando un perjuicio económico de 36.8 millones de dólares y 31.9 millones de soles adicionales. No se trata de meros descuidos burocráticos, sino de un entramado sistemático de decisiones arbitrarias, beneficios indebidos y favoritismos que priorizaron los intereses de un concesionario privado sobre el erario público y el bienestar de millones de peruanos. A más de tres años de su publicación, este escándalo resuena con mayor fuerza ante la persistente inacción, recordándonos cómo la corrupción no solo drena recursos, sino que perpetúa desigualdades regionales profundas.

El caso indigna desde cualquier ángulo. El contrato se gestó con plazos incoherentes y expedientes técnicos carentes de respaldo sólido; se autorizaron pagos millonarios por obras fantasma, y se rebajaron arbitrariamente los estándares de servicio exigidos, permitiendo que el concesionario incumpliera sin consecuencias. En esencia, el Estado asumió los riesgos financieros mientras el sector privado cosechaba las utilidades, dejando a comunidades en Cajamarca, La Libertad y la macroregión norte con una infraestructura deficiente, expuesta a riesgos viales y aislada del progreso económico. Esta dinámica no solo frena el desarrollo local —como el acceso a mercados, salud y educación—, sino que erosiona la confianza en las instituciones, fomentando un cinismo social que ve al Estado como un facilitador de saqueos en lugar de un garante de equidad.

Detrás de las frías cifras hay responsabilidades concretas: funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Nacional, Ositran y Proinversión enfrentan señalamientos por irregularidades penales, civiles y administrativas. Sin embargo, la reflexión incómoda persiste: ¿cuántos de estos casos culminan en sanciones efectivas y cuántos se diluyen en el laberinto judicial? La impunidad, alimentada por tecnicismos legales, arbitrajes sesgados y excusas de "fuerza mayor", actúa como fertilizante para ciclos viciosos de corrupción. En un país con historia de escándalos similares —desde Odebrecht hasta el Club de la Construcción—, esta inercia revela una falla estructural: un sistema que premia la astucia sobre la integridad.

Este episodio no es aislado, sino síntoma de un modelo de concesiones viciado desde su concepción, capturado por lobbies privados y avalado por autoridades complacientes o ineficaces. Las carreteras, destinadas a integrar territorios y catalizar el crecimiento inclusivo, se transforman en emblemas del subdesarrollo: vías deterioradas, demoras crónicas y peajes que gravan a usuarios sin retribución proporcional. Mientras tanto, regiones históricamente marginadas como el norte peruano acumulan frustraciones, donde la promesa de conectividad se convierte en un espejismo que agrava la pobreza y la migración forzada.

El Perú no puede continuar por esta senda de corrupción e impunidad perpetua. Urge no solo sanciones drásticas contra los implicados y la recuperación íntegra de los fondos defraudados, sino una reforma integral del marco de concesiones: con normativas transparentes, supervisión autónoma y mecanismos de rendición de cuentas que involucren a la sociedad civil. Solo así se podrá transformar la Longitudinal de la Sierra —proyectada para unir y dinamizar zonas olvidadas— de un retrato de injusticia en un motor real de equidad.

Hoy, en 2025, este agravio cobra nueva urgencia con las movilizaciones ciudadanas. Las comunidades observan con impaciencia creciente cómo, tras años de promesas incumplidas y paros previos —como los de abril y julio en Cutervo y Cajamarca—, la inacción gubernamental persiste. Es en este contexto que organizaciones de base, como el Frente de Defensa de los Intereses de Cutervo, impulsan un paro regional indefinido programado para el próximo 6 de octubre, exigiendo la culminación de la carretera y el cumplimiento de compromisos pendientes. La pregunta crucial es si permitiremos que la historia se repita en un bucle de protestas y olvidos, o si, finalmente, aprenderemos que el verdadero desarrollo se erige sobre pilares de transparencia, responsabilidad y justicia social, no sobre asfalto manchado de corrupción.

Por: José Matta Guerrero

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