LIBERTAD DE PRENSA BAJO AMENAZA: UNA DEMOCRACIA EN JAQUE

LIBERTAD DE PRENSA BAJO AMENAZA: UNA DEMOCRACIA EN JAQUE

El reciente informe de Panorama que denuncia amenazas contra la periodista Karla Ramírez, jefa de su Unidad de Investigación, es un hecho de extrema gravedad que sacude los cimientos de la democracia peruana. La acusación de que la propia Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior habría orquestado acciones en su contra no solo pone en riesgo la integridad de una profesional, sino que cuestiona el compromiso del Estado con los principios democráticos fundamentales.

Este no es un caso aislado. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en los dos años del gobierno de Dina Boluarte se han registrado más de 700 agresiones contra la prensa, incluyendo violencia física, hostigamiento judicial, campañas de desprestigio y vigilancia ilegal. Estas cifras reflejan un clima de intimidación sistemática que busca silenciar voces críticas y restringir el derecho ciudadano a una información libre y veraz.

El comunicado del Ministerio del Interior, que niega cualquier responsabilidad, es insuficiente y carece de credibilidad ante la magnitud de las acusaciones. Un gobierno que se proclama democrático no puede permitir que sus periodistas sean perseguidos, amenazados o estigmatizados por cumplir con su deber de fiscalizar el poder. La indiferencia o, peor aún, la complicidad tácita convierten a las autoridades en cómplices de cualquier atentado contra la libertad de prensa.

El periodismo no es un adversario del Estado, sino un pilar esencial para su legitimidad. Su rol de garantizar transparencia y exigir rendición de cuentas fortalece la democracia, mientras que su persecución la debilita. Amenazar a un periodista es un ataque directo contra la sociedad entera, pues sin una prensa libre no existe democracia genuina, solo un autoritarismo disfrazado. La historia del Perú nos lo recuerda con dolorosa claridad: los intentos de silenciar a la prensa han sido preludio de los capítulos más oscuros del poder.

La alarma no es solo local. Organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han advertido que el Perú transita por un camino peligroso, con prácticas de censura y represión que evocan tiempos que creíamos superados. Informes recientes de Reporteros Sin Fronteras señalan que el país ha caído varios puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, una señal inequívoca de deterioro.

La ciudadanía tiene un rol crucial en este momento crítico. Defender la libertad de prensa es proteger un patrimonio colectivo que garantiza el derecho a saber y a cuestionar. Permanecer en silencio ante estas amenazas equivale a legitimar el miedo y allanar el camino hacia un Estado que, en lugar de servir a sus ciudadanos, busca controlarlos.

El gobierno de Dina Boluarte debe actuar con urgencia y transparencia: investigar a fondo estas denuncias, sancionar a los responsables y garantizar la seguridad de los periodistas. No basta con discursos o comunicados vacíos; se requieren medidas concretas que demuestren un compromiso real con la libertad de expresión. De lo contrario, el silencio oficial será una prueba irrefutable de que la libertad de prensa en el Perú está en grave peligro.

Una democracia sin periodismo libre no es más que una sombra de lo que debería ser. Hoy, la defensa de la prensa es la defensa de la democracia misma.

Por: José Matta Guerrero

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