LOS ESPECULADORES EMPOBRECEN MÁS AL PUEBLO. 

El país recuerda que, en agosto pasado, el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que modifica al Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor para sancionar con penas de cárcel a las personas y/o empresas que practican el acaparamiento, la especulación, es decir, cuando guardan y/u ocultan determinados productos con la intención de alterar los precios, generando escasez y lucrándose con ello e ir en perjuicio de la población; pero, aun así, los privilegios se burlan de las leyes, aprovechando que las autoridades (como siempre) se hacen de la “vista gorda”.  

Por decir, de manera somera, el caso del acaparamiento ocurrido (sistemáticamente) desde que empezó la emergencia sanitaria, a la que hoy, se suma la incertidumbre que vive el país al no conocerse todavía quien será el nuevo gobernante, esto está ocasionando, cada día, el alza de precios de los productos de primera necesidad, medicamentos, gas doméstico, entre otros, de manera cruel perjudicando a la economía popular.  

La norma aprobada por el Congreso sanciona con pena no menor de dos ni mayor  de seis años de prisión al productor, fabricante, proveedor o comerciante que incremente los precios de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud de las personas, usando prácticas ilícitas aprovechando su necesidad por circunstancias adversas afectándoles negativamente y al mercado, y si estos delitos se cometen en estado de emergencia (como el que estamos viviendo) la pena es de cuatro a ocho años de condena. 

Pese que la ley reprime estas malévolas conductas con pena privativa de libertad, en la práctica no se cumple, constituyendo (muchas veces) en “letra muerta” porque los privilegios de grupos del poder corrupto están sobre los intereses del pueblo y las autoridades de todos los escalones del gobierno “no dicen esta boca es mía”. 

Dada la gravedad de los hechos en que vivimos, el Estado no puede permanecer indiferente ni insensible y debe hacer frente a éstas prácticas abusivas, en razón de que, la escasez de alimentos o el alza de sus precios afectan con mayor incidencia a miles de peruanos que perdieron su trabajo, miles de campesinos dejados a su suerte, a miles de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en la pobreza y extrema pobreza y en las que se encuentran en abandono. 

Si bien es cierto que, en el Perú, los precios de los productos no están fijados por la autoridad y que están sujetos a las leyes de la oferta y la demanda, es decir, a la libre determinación entre los compradores y los vendedores y que, tampoco, existe una lista oficial de precios de los artículos que son considerados como productos de primera necesidad, esto no justifica para que el Estado sea indiferente y, en atención a sus obligaciones, debe sancionar a estos delitos con pertinencia y eficacia, como así precisa la Defensoría del Pueblo. 

La coyuntura política está arrastrando al país a una situación de inestabilidad y caos siendo uno de los factores para que suba el dólar, que sumada la especulación, muchos ciudadanos y ciudadanas en su afán de protegerse de la inflación tienden a comprar más dólares y su demanda ocasione la subida del valor de esta moneda y, con una pandemia “a cuestas”, hace que el miedo CUNDA en la población donde los grupos del poder económico, los monopolios y gente inescrupulosa tengan luz verde para aprovecharse de la situación con el falso argumento que los productos importados han subido de precio, una lógica mal intencionada, abusiva y caprichosa.  

En la cadena de incremento de costos (indiscutiblemente) alcanza al petróleo, la gasolina, el gas, etc. con los consiguientes efectos en el alza de precios de pasajes y otros relacionados a ello. 

En todas partes del país abunda la especulación y el acaparamiento, cuyos protagonistas, son comerciantes indolentes que sólo piensan en sus bolsillos, se lucran de manera excesiva e injusta y ante el asombro de la gente se convierten, de la noche a la mañana, en los nuevos ricos, como si el dinero nos daría un status social, frase engañosa, en un país que se sigue maquillando a su realidad. 

La idea de especular es vivir sin trabajar, los especuladores empobrecen, perjudican no solo a las personas, sino también a los emprendedores de la economía real, a los industriales, a los que producen algo, en otras palabras, a todo el pueblo que lucha por sobrevivir. 

En los demás países se afronta estos delitos con penas drásticas y las cumplen con rigor y suma rapidez… esperamos que, con el cambio de gobierno, esta situación se revierta con nuevas expectativas donde el pueblo no siga angustiado… no dudamos que será una dura y sacrificada lucha contra el poder económico, pero no perdamos las esperanzas de cambio y transformación, evitando toda clase de abusos en una sociedad siempre postergada y abandonada y que, a gritos pide, un nuevo orden político, económico, social y cultural.