Fiscal solicita 4 años de cárcel efectiva para congresista Moisés Gonzales Cruz

El juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Anticorrupción de  Chiclayo, dispuso que este 30 de diciembre continúe el juicio oral contra el congresista Moisés González Cruz, acusado del delito de colusión simple.

Hoy, martes 22 de diciembre, el juzgado anticorrupción realizó la primera sesión del juicio oral contra el parlamentario por supuestas irregularidades cometidas en su función como alcalde de la Municipalidad Distrital de Querecotillo, peovincia de Cutervo.

La investigación a cargo del fiscal anticorrupción de  Lambayeque, Javier Idrogo Rodríguez, señala que Gonzáles Cruz, en su condición de alcalde de Querecotillo, intervino directamente en el proceso de selección de la adjudicación directa selectiva N° 013-2020 para la ejecución de la obra ‘Construcción de la trocha carrozable Santa Rosa - Barbasco y Ramal - Tayme Ñule’ y ‘Mejoramiento del tramo Santa Rosa - Patipampa’.

Junto al parlamentario cajamarquino, la Fiscalía acusa a Rolando Durand de la Cruz, gerente municipal; Luis Díaz Rojas, exgerente de Infraestructura; y Manuel Pereyra Rojas; exjefe de Abastecimientos. Para todos ellos, se solicita un pena de 4 años de cárcel efectiva.

Estas últimos exfuncionarios integraron el Comité Especial Permanente de Consultoría y Ejecución de Obras, el cual se encargó de llevar a cabo los procesos de licitación, previa designación del exburgomaestre de Querecotillo.

Según se supo, los hechos irregulares se produjeron durante el período 2011-2014, donde el funcionario Manuel Pereyra Rojas determinó el valor de la obra por S/ 713 200 sin emplear presupuestos y cotizaciones actualizadas de personas dedicadas al rubro de ejecución del proyecto.

Además, se determinó que los exfuncionarios iniciaron un proceso de selección sin contar con un expediente técnico, que, conforme a ley, tuvo que ser aprobado por el exalcalde. Lo más grave es que se habría usado el expediente de una obra distinta.

Posteriormente, Gonzales Cruz aprobó las bases administrativas del proceso de selección para contratar a la empresa a cargo, pese a que los requerimientos técnicos mínimos no se sustentaron en un expediente técnico de obra y resultaron contrarios a la Ley de Contrataciones.

Cabe indicar que la acusación implica también a las siguientes personas: Juan Saavedra Salazar, Wilmer Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez. Todos los investigados deberán pagar una reparación civil de 75.000 soles.

Fuente: La República.