#Importante/ DECLARAN “PATRIMONIO DE LA NACIÓN” A DOCUMENTOS QUE REAFIRMAN ORIGEN DEL PISCO EN EL PERÚ.

A través de cuatro resoluciones, el Ministerio de Cultura oficializó la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación a diversos documentos históricos que certifican el origen peruano del pisco que se remontan al siglo XVI y que fueron hallados por investigadores del Archivo General de la Nación.

La primera Resolución Viceministerial N° 000216-2024-VMPCIC/MC declara Patrimonio Cultural de la Nación a la “Escritura pública de carta de pago y finiquito entre Manuel de Azante y Jorge Capelo (1587)”, del Archivo General de la Nación. Esta escritura permite conocer diversos aspectos sobre los inicios de la producción de aguardiente de uva o pisco en el valle de Ica, en el último tercio del siglo XVI.

La segunda Resolución Viceministerial N° 000214-2024-VMPCIC/MC declara Patrimonio Cultural de la Nación a la “Escritura de Compañía entre Juan Corzo y Andrea Candia (02/11/1589)”, perteneciente al protocolo 9 de Juan de Herrera, escribano de Ica del siglo XVI, custodiado por el Archivo General de la Nación. El documento histórico presenta una serie de valores jurídico, económico y social, ya que como fuente histórica demuestra la existencia de una de las compañías comerciales más antiguas de comercio de vino y aguardiente con foco desde Ica, llegando en lo externo hasta el transporte a Arica.

La tercera Resolución Viceministerial N° 000215-2024-VMPCIC/MC declara Patrimonio Cultural de la Nación la “Escritura de Obligación de Cristóbal Martín de Escarcena a Enrique de Figueroa (11/05/1583)”, del Archivo General de la Nación. Igualmente, el documento posee plena identificación de su autenticidad, antigüedad y contenido. Representa el periodo de la segunda mitad del siglo XVI en que se consolida la producción y comercio de vinos y aguardiente en Ica.

La cuarta Resolución Viceministerial N° 000217-2024-VMPCIC/MC, declara Patrimonio Cultural de la Nación a la “Escritura pública de testamento de Manuel de Azante (1605) del Protocolo Notarial 121 de Ica”, custodiada por el Archivo General de la Nación. Se sostiene que el valor científico de la Escritura pública de testamento de Manuel de Azante (1605), radica en que presenta un notable potencial como fuente primaria para la investigación histórica, dado por su antigüedad como por los campos de estudio que puede aportar para la historia jurídica, social y económica.

Las resoluciones llevan la firma de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Carmen Inés Vegas Guerrero.