Presentan denuncia constitucional contra Pedro Castillo y gabinete de Aníbal Torres por cuestión de confianza

Nueva traba. El presidente Pedro Castillo, el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, así como los integrantes del gabinete ministerial, enfrentarán una denuncia constitucional presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por haber planteado la cuestión de confianza con el objetivo de derogar la ley que limita el referéndum.

En efecto, la Asociación Civil Integridad emitió esta denuncia ante la titular de la SAC, Lady Camones (Alianza para el progreso), este miércoles 23 de noviembre, contra Pedro Castillo y todos los ministros de Estado por, presuntamente, haber infringido los artículos 90, 106, 108 (numerales 1 y 10) y 133 de la Constitución Política del Perú.

De acuerdo a dicha organización, Aníbal Torres actuó “inconstitucionalmente” al presentarse al hemiciclo del Parlamento, el último 17 de noviembre, planteando la cuestión de confianza. Dicha medida fue suscrita por el mandatario y por todo el Consejo de Ministros con el fin de derogar la ley 31399, la misma que regula los artículos 40 y 44 de la Ley 263000 que promueve la participación ciudadana (referéndum).

Asimismo, argumentan que la aprobación y derogación de dicha ley “es competencia exclusiva y excluyente” del Congreso. Seguidamente, mencionan que Pedro Castillo y sus ministros tendrían “el único propósito de forzar una negación de confianza y propiciar la disolución del Congreso, valiéndose, ilegítimamente, del artículo 134 de la Constitución”.

En ese sentido, se sostiene que la razón de emitir la denuncia constitucional contra Castillo Terrones y todo el gabinete es “por haber hecho una cuestión de confianza ilegal e inconstitucional, con el único propósito disolver el Congreso de manera ilegítima”.

“Demostraremos que la cuestión de confianza presentada es improcedente por ser contraria al artículo único de la Ley 313555 y el artículo 86 inciso d) del Reglamento del Congreso, y que los denunciados se han negado a reconocer dicha improcedencia, desconociendo el mandato expreso de la ley, con el único propósito de forzar el cierre ilegítimo del Congreso”, se lee en el documento.

Con información de  La República.