Telefónica tendrá que devolverle S/3.000 millones al Estado

Telefónica tendrá que pagar alrededor de S/3.000 millones al Estado peruano, virtud de un fallo de la Corte Suprema que pone fin a una controversia con la Sunat por diferencias en el Impuesto a la renta (IR) de los años 2000 y 2001, incluidos un “80% solo por intereses y multas” arrastrados en el tiempo, según la compañía. 

Se trata de la mayor multa aplicada en la historia de la compañía de José María Álvarez-Pallete, en un escenario previsto por el exministro Pedro Francke, quien en una entrevista con La República de 2021 dijo que la transnacional “debería ponerse más en serio con el Perú y pagar lo que debe”, tras recurrir a reclamos que “rebasan lo razonable”.

¿Cómo así Telefónica llegó a acumular esta deuda? Francisco Eguiguren, excolaborador de la Procuraduría de Sunat en este proceso, recuerda que el monto original en debate era de algo más de S/1.600 millones, antes de iniciarse esta “carrera conocida” por dilatar procesos tributarios en nuestro país, que en el particular pasó más de una vez por casación. 

Veamos. La ley del IR permite a las empresas deducir de su declaración anual las “cobranzas de dudosa ejecución”, es decir, las deudas que la compañía estima ya no podría cobrar a sus clientes morosos. Para esto, Telefónica tenía que acreditar ante Sunat —y luego a cada uno de los tribunales— que, en efecto, había agotado sus métodos de cobranza en cada caso.

No fue así. Eguiguren explica que Telefónica se limitó a enviar mensajes grabados estándar a todos sus clientes morosos, desconociendo así requisitos del Tribunal Constitucional para ejercer el reclamo de una deuda: quién soy, de qué deuda hablamos, cuánto es, por qué me estás reclamando, entre otros. De esta manera, la española no pudo siquiera acreditar que las llamadas en efecto se concretaron porque tampoco quedaban registradas.

Pero también envió mensajes en los recibos de teléfono (papel, para la época) en los que mencionaban que el cliente tenía la deuda. Sunat respondió que, con ese método, la compañía no tenía la certeza de si le estaba enviando un documento a un moroso que ya había pagado al momento de ser notificado. El rótulo de “si usted ya ha pagado la deuda, ignore este mensaje” fue crucial para la victoria del Estado peruano. 

Medios españoles señalan que el fallo “apenas tendrá impacto financiero en el grupo”, debido a que ya tenía provisionados 790 millones de euros (S/3.063 millones al 30 de septiembre de 2022) en caso perdieran el proceso, según la propia firma.